Trabajadores y empresas tendrán que adaptarse a la nueva Ley de Teletrabajo que el Gobierno ha aprobado durante el mes de Septiembre de 2020 después de lograr un preacuerdo con empresarios y sindicatos. La regulación supondrá un auténtico proceso de modernización en la legislación española y supondrá un cambio de escenario en las relaciones laborales.
La crisis sanitaria de la Covid-19 ha triplicado en solo un año el número de personas que trabaja desde casa en nuestro país.
La ley afectará a aquellos trabajos «que se desarrollen a distancia con carácter regular», es decir, el trabajo a distancia que se preste, en un periodo de referencia de tres meses, un mínimo del 30% de la jornada.
La ley se aplicará unos plazos transitorios para que las empresas que ya estuvieran aplicando el teletrabajo se adapten a las nuevas exigencias, como un plazo máximo de tres meses para formalizar el acuerdo escrito de teletrabajo entre la empresa y el teletrabajador con las condiciones de trabajo a distancia de manera individual que se exigirán a partir de ahora.
Respecto a los derechos, los trabajadores a distancia tendrán los mismos que si prestasen servicios en el centro de trabajo de la empresa, salvo aquellos inherentes al trabajo presencial, y no podrán sufrir perjuicio en ninguna de sus condiciones laborales, incluyendo retribución, estabilidad en el empleo, tiempo de trabajo, formación y promoción profesional.
El teletrabajo será voluntario y deberá ser pactado.
Un trabajador no podrá reclamar teletrabajar, pero la empresa tampoco podrá exigir el trabajo a distancia si el empleado no quiere. El trabajo a distancia será voluntario para la persona trabajadora y para la empleadora y requerirá la firma del acuerdo de trabajo a distancia.
La ley precisa que negarse a trabajar a distancia, pedir que se revierta el teletrabajo y las dificultades para adaptarse a esta prestación de servicios no serán causas justificativas de despido ni de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo.
